El Colegio de la Abogacía de Córdoba informa a sus colegiados sobre las principales novedades contenidas en el Real Decreto 559/2026, de 8 de julio, por el que se crean 500 unidades judiciales correspondientes a la programación de 2026 y se adecúa la planta judicial en todo el territorio nacional.

En lo que respecta al partido judicial de Córdoba, el real decreto contempla la creación de nuevas plazas judiciales en el Tribunal de Instancia de Córdoba: dos en la Sección Civil (números 3 y 5), una en la Sección de Familia, Infancia y Capacidad (número 3), una en la Sección de lo Social (número 6) y una en la Sección de lo Mercantil (número 2). Estas plazas entrarán en funcionamiento el 31 de diciembre de 2026, lo que contribuirá a aliviar la carga de trabajo de los órganos judiciales.

Junto a esta medida, la norma introduce una modificación que afecta de manera más directa al ejercicio profesional de la abogacía. En concreto, la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Córdoba ampliará su ámbito competencial para conocer también de los asuntos procedentes de los partidos judiciales de Pozoblanco, Montoro, Posadas y Peñarroya-Pueblonuevo. Por su parte, los partidos judiciales de Cabra y Lucena pasarán a depender de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Lucena. Esta modificación será igualmente efectiva el 31 de diciembre de 2026.

Desde la Junta de Gobierno se recuerda que esta evolución se enmarca en la tendencia de concentración de las secciones especializadas de Violencia sobre la Mujer en cabeceras de partido de mayor tamaño, dentro del proceso de implantación del nuevo modelo de Tribunales de Instancia. Se trata de una cuestión que el Colegio viene siguiendo desde hace tiempo y sobre la que ya ha trasladado sus consideraciones a las administraciones competentes en los foros oportunos, así como ha mantenido acuerdos de coordinación con el Ilustre Colegio de Abogados de Lucena.

Asimismo, el Colegio subraya que la modificación no producirá efectos hasta el 31 de diciembre de 2026, lo que permite disponer de un margen razonable para analizar con detenimiento sus consecuencias prácticas, especialmente en aspectos como la organización de las guardias, los desplazamientos y la coordinación con los compañeros de los partidos judiciales afectados. La Junta de Gobierno continuará realizando un seguimiento de la implantación de estas medidas e informará puntualmente a la colegiación de cualquier novedad relevante y de las actuaciones que, en su caso, se consideren oportunas ante los organismos competentes.