La Comisión de Deontología informa de la publicación de la Circular 1/2026 del Consejo General de la Abogacía Española, dedicada al análisis de la protección de los documentos elaborados por profesionales de la abogacía y entregados a sus clientes en el marco de la relación profesional de asesoramiento y defensa.

La Circular aborda una cuestión de especial relevancia práctica para el ejercicio profesional: si el secreto profesional ampara también aquellos documentos que, habiendo sido elaborados por el abogado o abogada, han sido posteriormente entregados al cliente. El análisis se realiza desde la perspectiva constitucional, legal, deontológica y jurisprudencial, incorporando referencias al Estatuto General de la Abogacía Española, al Código Deontológico de la Abogacía Española, a la normativa europea y a la jurisprudencia nacional y comunitaria.

Entre sus principales conclusiones, el Consejo General sostiene que la protección derivada del secreto profesional no desaparece por el mero hecho de que el documento pase a estar en poder del cliente. La Circular entiende que dicha protección alcanza a informes jurídicos, dictámenes, notas legales, documentos de due diligence y, en general, a toda documentación elaborada en el ejercicio de las funciones de asesoramiento y defensa.

Asimismo, se destaca que el secreto profesional constituye una garantía vinculada al derecho de defensa y a la relación de confianza entre abogado y cliente, proyectándose sobre las comunicaciones y documentos que forman parte de dicha relación profesional.

La Circular también analiza las implicaciones que esta interpretación puede tener frente a determinados requerimientos de información formulados por las Administraciones Públicas, defendiendo que los documentos amparados por el secreto profesional mantienen su carácter protegido con independencia de quién los custodie.

Se recomienda a los colegiados y colegiadas interesados la lectura íntegra de la Circular, disponible como documento adjunto, dada la importancia de sus consideraciones para la práctica profesional y el cumplimiento de los deberes deontológicos que rigen el ejercicio de la abogacía.